Después de que las activistas amenazadas de muerte por el agente israelí que las encañonó con su arma en la Universidad Complutense de Madrid interpusieran una querella, el juez decide archivar el caso porque considera que las encañonó sin «ánimo intimidatorio» y que no hay pruebas suficientes del delito.
A principios de febrero de 2023 ya había más de 35 palestinos asesinados por el ejército israelí, constituyendo en sólo un mes el año más sangriento para el pueblo palestino desde 2015.
El 8 de febrero de 2023 activistas y estudiantes propalestinas protestaron contra la presencia de la embajadora del régimen genocida en la UCM. La universidad pública invitó a la embajadora israelí como ponente a unas jornadas de normalización de la ocupación. Durante la protesta, las estudiantes y activistas fueron encañonadas con un arma, 40 de ellas fueron identificadas y multadas y dos de ellas fueron detenidas y encausadas.
Semanas más tarde, algunas de las activistas interpusieron una querella contra el agente que las encañonó con su arma. Meses después la policía confirmó la identidad y la pistola del hombre armado: se trataba de un agente israelí de la Embajada de Israel en España. Sin embargo, y a pesar de que la policía confirmó los hechos e identificó al agente israelí, el juez ha decidido archivar el caso porque considera que las encañonó sin «ánimo intimidatorio» y que no hay pruebas suficientes del delito.
El régimen colonial, genocida, de apartheid y de ocupación israelí campa impune alrededor del globo. No sólo puede exterminar a un pueblo entero arrastrando más de 50.000 cadáveres palestinos en un año; también puede amenazar de muerte a activistas en nuestro territorio porque España se ha convertido en una colonia israelí. Un agente israelí puede amenazar de muerte con su arma a decenas de activistas en una universidad pública, pero las que se van detenidas y a quienes se les abren procesos judiciales son las que protestan contra estos hechos, el genocidio y la ocupación.
Desde Defendemos Palestina exigimos que se retiren los cargos contra las dos compañeras encausadas, así como las sanciones administrativas impuestas, cuya cifra suma más de 26.000€.
El juez debe continuar con la investigación hasta juzgar como es debido al agente israelí, así como depurar responsabilidades entre el personal universitario y las fuerzas policiales que no actuaron para proteger la vida de estudiantes y activistas.